Judicializados cuatro funcionarios públicos por presunto asesoramiento ilegal y otros delitos

Judicializados cuatro funcionarios públicos por presunto asesoramiento ilegal y otros delitos

Judicializados cuatro funcionarios públicos por presunto asesoramiento ilegal y otros delitos

Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)

La investigación se llevó a cabo entre los años 2020 a 2022. Dentro de los detenidos se encuentran tres funcionarios de la Fiscalía y un servidor de un juzgado de Neiva (Huila).   

La Fiscalía judicializó y logró medida intramuros contra cuatro servidores públicos, tres de ellos pertenecientes a esta misma institución. También fue procesado un funcionario de un juzgado ubicado en Neiva (Huila).

Al parecer, los procesados aprovecharon sus funciones para brindar asesoramiento ilegal; el mismo por el que habrían exigido el pago de distintas sumas de dinero, como contraprestación. Otro de los investigados sería responsable de comercializar municiones.

Se trata de Héctor Carvajal Ramos, Emir Quintero Tello y Nunil Javier Rojas Velásquez, adscritos al Grupo de Seguridad a Infraestructura y Personas de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación; y German Cárdenas Morera, escribiente de un juzgado civil.

La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales delitos como cohecho impropio y cohecho por dar u ofrecer; tráfico de influencias de servidor público; obtención de documento público falso y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; concusión; enriquecimiento ilícito de servidor público; asesoramiento ilegal y otras infracciones; abuso de función pública y fraude procesal continuado.

Por estos hechos servidores adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Huila materializaron las distintas órdenes de captura.

La investigación  

La Fiscalía precisó que una fuente humana informó sobre actividades ilícitas presuntamente desplegadas por los procesados.

Interceptaciones de comunicaciones, análisis de información e inspecciones judiciales, entre otras actividades de policía judicial evidenciaron como Héctor Carvajal y otras personas más, comercializaban municiones.

Emir Quintero habría usado su cargo para obtener información que luego habría vendido. Además, habría realizado varias asesorías, aún a sabiendas que las mismas no las podía realizar.

Esta persona además habría ofrecido al funcionario del juzgado civil dinero en efectivo para agilizar el pago de dineros que le habían embargado.

Nunil Javier Rojas, por su parte, habría cobrado comisiones por viajes que nunca realizó. Esta acción la habría justificado mediante la presentación de certificaciones fraudulentas con las que sustentaba el cobro de las mismas.

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