La controversia que retrasa el comienzo de juicio de Aída Merlano

La controversia que retrasa el comienzo de juicio de Aída Merlano

La controversia que retrasa el comienzo de juicio de Aída Merlano

Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)

Recusaciones, impedimentos y nulidades atrasan el juicio. La forma como se resuelva este proceso marcará el trabajo de la sala y la credibilidad que empieza a construir

Todo estaba listo para que el lunes 28 de enero iniciara en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el juicio en contra de la senadora electa Aída Merlano Rebolledo, por presunto fraude electoral. Se trata del escándalo de la Casa Blanca, una estructura, según las pesquisas judiciales, dedicada a la compraventa de votos en la costa Caribe. No obstante, el juicio no arrancó: una serie de recusaciones y nulidades tienen parado el caso. ¿La razón? Que el conjuez que estudiará y juzgará el caso, Francisco José Sintura, se enfrenta al abogado de Merlano en otro proceso diferente: el del descalabro del Fondo Premium.

La Sala de Primera Instancia está compuesta por tres magistrados, pero dos de ellos, Jorge Caldas y Ramiro Marín, se declararon impedidos. Por esa razón, al magistrado Ariel Torres se le sumó, por sorteo, el conjuez Sintura. La controversia reside en que Sintura es el abogado de víctimas del desfalco del Fondo Premium de Interbolsa y Jesús Albeiro Yepes, abogado de Merlano, es el apoderado de Rachid Maluf, exgerente del Fondo Premium. Ambos se han visto las caras antes, en el Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogotá. Para Yepes, no tiene presentación que su contraparte en ese caso sea el juez de Merlano.

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“No tengo dudas del doctor Sintura; pero la justicia no es solo realidad, es también apariencias y él es mi contraparte. Eso me tiene muy preocupado”, dijo Yepes a El Espectador. Por esa razón presentó una recusación contra Sintura, que fue negada el pasado 18 de enero por el magistrado Torres y Guillermo Angulo González, quien tuvo que ser designado conjuez para resolver este embrollo. Incluso el primer conjuez que se nombró, Juan David Riveros Barragán, se declaró impedido porque también se enfrenta a Yepes en otro proceso.

El argumento central de la negativa de la Sala es que no hay lugar a cuestionar la imparcialidad de Sintura y que, técnicamente hablando, este y Yepes no son contrapartes. ¿Por qué? Porque Sintura es un apenas un “interviniente” en el proceso del Fondo Premium. “El primer requisito exigido para la configuración de la causal de recusación no se da en el presente evento; dicha actuación transita en la etapa preparatoria del juicio, en donde la Fiscalía y defensa ejercen en esencia el contradictorio”, dice la decisión. Pero esta discusión tiene otro roundpendiente.

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El pasado 30 de enero, Jesús Albeiro Yepes presentó una nulidad y nuevamente el inicio del juicio se aplazó. Sus argumentos, aunque formales, son cruciales, pues enmarcan la entrada en funcionamiento de la Sala de Primera Instancia, que recibió desde octubre de 2018 un total de 133 procesos, entre los cuales hay cien juicios. Y en más de uno se podría dar esta misma situación, ya que los magistrados de la Sala han presentado sendos impedimentos. Un ejemplo es la decisión que deberá tomar la sala sobre el excongresista Óscar Suárez Mira, investigado por enriquecimiento ilícito, pues los magistrados Ariel Torres y Jorge Emilio Caldas están impedidos.

Y, como evidenció El Espectador en noviembre, la Sala está utilizando la lista de 26 conjueces de la Sala de Casación Penal de la Corte que usualmente son también litigantes, mientras arma su propia lista de conjueces. Según le explicaron expertos a este diario en ese momento, la Sala de Primera Instancia estaba realizando contactos con universidades con el fin de conseguir a los mejores aspirantes para asumir esta responsabilidad y, de paso, salvar a la Sala de este tipo de discusiones en las que la imparcialidad de los conjueces se ve comprometida.

(Lea también: El testimonio que hundió a Aída Merlano en la Corte Suprema)

Y es que el abogado de Merlano pidió a la Sala aceptar su recusación, argumentando, entre otros, que los conjueces Riveros y Sintura sí son sus contrapartes en el caso del Fondo Premium, ya que su labor en ese proceso también pasa por buscar la condena de los acusados. Incluso advirtió el que 1º de febrero se realizó la audiencia en la que su defendido, Rachid Maluf, buscaba llegar a un preacuerdo con la Fiscalía para pagar siete años de prisión. El preacuerdo está ya para recibir el aval de un juez.

Yepes sostiene que allí Sintura ha manifestado objeciones a ese acuerdo, lo cual, en su criterio, es suficiente para que Sintura se separe del caso de Aída Merlano. “Es más sano preservar la entidad moral y ética del conjuez comprometido y asegurar a la comunidad que aun en el más sutil cuestionamiento se respeta preventivamente la entidad procesal y las calidades del juez natural. Y no someter el proceso a una dinámica de especulaciones, conjeturas y calificaciones extraídas más de la literatura psicológica que de aquello susceptible de prueba o verosimilitud”, se asegura en la petición de nulidad.

(En contexto: ¿Cómo funcionaba la red de compra de votos de Aida Merlano?)

El conjuez Sintura, por su parte, señaló que en el caso del Fondo Premium él es apenas un interviniente y alegó que la defensa de Merlano tiene que probar por qué, o de qué manera, él “podría interferir o comprometer su imparcialidad, autonomía o rectitud como conjuez”. Arguyó que en los procesos del sistema penal acusatorio, el “verdadero adversario del defensor” es el fiscal. Al llegar a la audiencia del preacuerdo, se supo que Sintura entregó su poder a su abogado suplente. Para Yepes, sin embargo, ese traspaso no cambia nada.

Mientras se define esta nulidad, Aída Merlano continuará presa a la espera del juicio. Su defensa igualmente busca que la Sala que la juzgue esté compuesta por tres personas, como es normalmente, y no solo dos, como está ahora. Merlano fue acusada de haber gastado más de $6.000 millones para conseguir su elección al Congreso el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos. La senadora electa es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y concierto para delinquir. Ella sostiene que es inocente.

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