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Juez precluye caso por cuestionado crédito a Navelena

Juez precluye caso por cuestionado crédito a Navelena

Juez precluye caso por cuestionado crédito a Navelena

Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)

Defensa de funcionarios del Banco Agrario señaló que el préstamo ya fue pagado y no hubo daño.

Un juzgado de Bogotá precluyó el proceso contra seis exdirectivos y exfuncionarios del Banco Agrario señalados por la Fiscalía de presuntas irregularidades en la aprobación de un millonario crédito al Consorcio Navelena.

Se trata del exvicepresidente comercial de la entidad, Alejandro Jiménez Rodriguez, Irliana Rodríguez Barahona, vicepresidente de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz, gerente de Crédito y Cartera, Hernando Enrique Gómez Vargas, exsecretario general, y Juan Carlos Orjuela Cortés y Mónica Santamaría Salamanca.

A ellos la Fiscalía les imputó el cargo de administración desleal al considerar que hubo irregularidades en la aprobación del crédito por 120 mil millones de pesos a la Constructora Norberto Odebrecht. De acuerdo con las investigaciones adelantadas, para el ente acusador no se cumplió con los parámetros establecidos por el Banco Agrario para aprobar un crédito de este valor.

“Ustedes sabían y conocían, que para la fecha de junio del año 2015, el presidente Marcelo Odebrecht, el principal socio de Navelena, que tenía el 87 % en esta sociedad, había sido detenido en Brasil”, afirmó el fiscal durante la imputación de cargos. Y agregó que su comportamiento conllevaba un riesgo reputacional para el banco, el cual omitieron las dos funcionarias “al no verificar, regular y analizar el peligro desde el punto de vista financiero”.

El segundo hecho que planteó el ente acusador en la diligencia se basó en que las funcionarias no hicieron un análisis o lectura profunda sobre las condiciones del contrato de asociación público privada.

El abogado Fabio Humar, que representa a dos de los procesados pidió la preclusión del proceso señalando que ese dinero ya había sido pagado a la entidad financiera y que no se le había ocasionado daño económico. El dinero fue cubierto por la aseguradora de la entidad que además pagó los respectivos intereses por más de 30 mil millones de pesos.

Humar explicó que en delitos contra el patrimonio cuando se recupera el dinero comprometido se puede acudir a la preclusión de los procesos, y que así se hizo ante el juez del caso. Igualmente indicó que la Contraloría certificó que no se causó daño a la entidad.

El juzgado avaló la petición y les precluyó el proceso a los seis procesados con lo que termina la acción penal en su contra.

La Fiscalía apeló la decisión y el proceso fue enviado al Tribunal Superior de Bogotá que tendrá que definir en segunda instancia si mantiene en firme la preclusión del proceso.

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