Gracias a pago de coima a juez Mattos logró US$ 35 millones

Gracias a pago de coima a juez Mattos logró US$ 35 millones

Gracias a pago de coima a juez Mattos logró US$ 35 millones

 

Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)

El 29 de febrero del 2016, entre las 9:27 y las 9:30 de la mañana, de una forma milimétricamente coordinada el ingeniero de sistemas Wilmer Andrey Patiño alteró el sistema de reparto de procesos de la Rama Judicial para que mientras a 46 juzgados civiles de Bogotá habilitados ese día les aparecieran tres procesos, el despacho sexto civil tuviera uno solo al mismo tiempo que se radicaba en una ventanilla del Supercade de Suba una demanda por el caso Hyundai.

Con esa estrategia, los funcionarios garantizaron que la demanda presentada por el empresario Carlos Mattos, en medio del litigio por la comercialización de vehículos Hyundai en Colombia, llegara a manos del juez Reinaldo Huertas, que había vendido previamente su decisión por 2.500 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía.

Este jueves, en medio de la imputación de cargos contra el juez, el ente acusador señaló que la concertación para manipular el reparto empezó cinco meses antes, cuando, a través de Dagoberto Rodríguez, oficial mayor de ese despacho; Carlos Mattos y su abogado David Durán se pusieron en contacto con el juez Huertas.

En varias reuniones, una de ellas realizada en el apartamento de Mattos, el empresario y los funcionarios definieron que la estrategia para que Hyundai Colombia pudiera negociar con más ventaja sobre la decisión de la casa matriz coreana de quitarle el contrato de distribución de carros en el país, era emitir unas medidas cautelares que impidieran a la empresa Neocorp entrar al mercado colombiano por un tiempo.

Esas reuniones fueron confirmadas mediante la revisión de las celdas telefónicas que sitúan a los procesados en un mismo lugar en diferentes fechas, según la Fiscalía.
El juez acordó, a cambio de la millonaria cifra, favorecer a la firma si la demanda llegaba a su despacho; algo que efectivamente pasó y por la que, de acuerdo con el ente acusador, la empresa de Mattos terminó recibiendo 35 millones de dólares como compensación por parte de Neocorp –la empresa ecuatoriana que fue elegida por la casa matriz para distribuir sus carros en Colombia–.

Las cartas de la Fiscalía contra Huertas y Mattos –a quien le fue expedida este jueves una circular azul de Interpol– están sustentadas en los testimonios de varios de los otros siete detenidos y quienes ya aceptaron cargos.

Edwin Fabián Macías Castañeda, que había trabajado en el juzgado sexto como auxiliar, y fue quien radicó la demanda el día que se ejecutó el plan, ahora es un testigo clave del proceso. Como parte de la colaboración, reveló el valor del dinero pactado con el juez y aseguró que él mismo y Dagoberto Rodríguez –capturado este jueves– fueron quienes facilitaron la entrega del dinero.

Entre las pruebas de la Fiscalía también está un informe de auditoría del Consejo Superior de la Judicatura en el que consta que el 29 de febrero se hicieron 18 ingresos indebidos al sistema de reparto y luego fueron borrados.

En la diligencia, el fiscal Daniel Hernández aseguró que el entramado ilegal que se configuró en este proceso demostró la capacidad de Carlos Mattos para corromper a la justicia y que la “sociedad tiene razón en no creer en la administración de justicia”.

Y es que además del juez y los funcionarios de su despacho, también están siendo procesados los funcionarios de la Rama Judicial Ramón Orlando Ramírez Fuentes, jefe de ingenieros; Wilmer Andrey Patiño, ingeniero que manipuló el sistema y posteriormente borró la evidencia; Wilmer Casas Mendoza, ingeniero que prestó las claves para entrar a los equipos, y Carlos Arturo López, quien conocía el software de reparto y les enseñó a los ingenieros a modificar los casilleros de los juzgados para afectar la distribución aleatoria de casos.

Huertas tendrá que responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático, por los que podría tener una pena mínima de 6 años de prisión. Este viernes se decidirá si el juez es enviado a la cárcel.

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *